Durante los “tiempos normales”, Donna, una agente de bienes raíces exitosa, no habría reunido los requisitos para recibir la asistencia de Servicios Legales. Tampoco habría podido, en circunstancias normales, participar en el Programa de Seguro de Desempleo. Sin embargo, durante la pandemia, trabajadoras como Donna pudieron recibir asistencia a través del Programa de Asistencia por Desempleo en Pandemia, (Pandemic Unemployment Assistance, PUA), creado por la Ley federal CARES y financiado por el gobierno federal. Donna, igual que muchas otras personas como ella, hizo todo lo posible por seguir trabajando, pero las diversas limitaciones que el COVID-19 planteaba hicieron casi imposible generar ingresos. Ella describe una situación en la que las visitas a las casas cesaron por completo y los cierres de venta, que antes tardaban un par de meses, ahora podían demorarse casi un año.

Donna recibió beneficios de PUA por un tiempo, pero después del cierre de venta de una casa y de reportar sus horas trabajadas, en base a las reglas generales de desempleo, fue erróneamente excluida del programa. Sin ingresos durante un período prolongado de tiempo, Donna comenzó a atrasarse en el pago de las facturas y, a veces, tuvo dificultades para cubrir las necesidades básicas como la comida. A pesar de presentar apelaciones por su cuenta, no llegó a ninguna parte hasta que se comunicó con Servicios Legales. El Proyecto de LSNJ para la Protección de los Derechos del Trabajador, ayudó a Donna en la presentación de las apelaciones posteriores y no se rindieron hasta que la negativa fue revocada y Donna comenzó a recibir beneficios retroactivos.